30 septiembre, 2020

CAUSA PEAJES: LA UIF PIDIÓ LA INHIBICIÓN DE BIENES DE EX EMPRESA DE LOS MACRI

El organismo que conduce Carlos Cruz pidió la inhibición general de bienes de AUSOL, GCO y ABERTIS. El Grupo Macri tuvo un importante paquete accionario en la primera.

La Unidad de Información Financiera pidió ser querellante en la causa que investiga maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de los peajes y solicitó la inhibición general de bienes de las compañías AUSOL S.A., GCO S.A. y ABERTIS Infraestructuras S.A. Mediante Sideco, el Grupo Macri llegó a tener un 23% de acciones de la primera de las empresas, las cuales vendió en 2017 por recomendación de la Oficina Anticorrupción a una firma sin experiencia en el rubro, dedicada a lo inmobiliario y agropecuario. Se trata de Natal Inversiones S.A. y puede ser que hayan sabido mucho de negocios o que hayan tenido información privilegiada ya que un año más tarde el Gobierno de Cambiemos extendió las concesiones hasta 2030 con cláusulas leoninas.

A última hora del jueves, el organismo que conduce Carlos Cruz solicitó ser querellante en la causa que investiga el escándalo de los peajes y tiene a la mira al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional.

Ayer, la Cámara Federal porteña declaró la «nulidad» de los procesamientos al exministro de Transporte Guillermo Dietrich; a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne; al exministro de Energía Javier Iguacel; y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, en esta causa. La decisión fue adoptada por la sala II del tribunal de apelaciones, con los votos de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes argumentaron que cuando esos exfuncionarios fueron indagados por el ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral, no se les permitió el pleno acceso a la prueba que había en su contra, indicaron fuentes judiciales.

Se trata de dos exponentes del lawfare en Argentina. Irurzun es el hombre que creó la doctrina que lleva su apellido y se orientó a perseguir y apresar a los dirigentes opositores, durante la gestión de Cambiemos, en base a sus contactos o lazos de poder. Recientemente, su nombre volvió al centro de la escena después de una reunión que mantuvo con Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, operador judicial del líder PRO, en un bar. También fue señalado por Cristina Kirchner, junto a Bruglia, por haber consagrado “una vez más la impunidad para Mauricio Macri” ya que ambos limitaran el peritaje ordenado por la juez María Romilda Servini a las llamadas telefónicas en la causa que investiga presiones al Grupo Indalo.

Bruglia fue parte de la mayoría que convalidó, junto a Irurzun, prisiones preventivas contra funcionarios kirchneristas, como Amado Boudou y Julio De Vido. También votó por confirmar los procesamientos dispuestos por jueces de primera instancia contra Fernández de Kirchner en causas conocidas como “Vialidad” y “Los Sauces”, en las que la ex presidenta fue procesada por el juez Julián Ercolini. Parte de la agrupación Compromiso Judicial dentro de la Asociación de Magistrados, fue nombrado subrogante en 2016 en la Sala I de la Cámara Federal. En 2018, con impulso del oficialismo, el Consejo de la Magistratura propuso su traslado definitivo a este tribunal y, en abril, Macri firmó el decreto de traslado.

El expediente investiga las maniobras a través de las cuales las empresas en cuestión lograron prolongar la concesión de la explotación de los peajes de los accesos Norte (AUSOL) y Oeste (GCO) hasta 2030 sin licitación y con el reconocimiento por parte del Estado de deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso. Supuestamente, esos montos correspondían a inversiones realizadas desde el macrismo, «pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida», según consta en la causa.

A fines de julio, cuando Rodolfo Canicoba Corral dictó el procesamiento de los funcionarios M, el magistrado remarcó que para justificar el reconocimiento de una presunta deuda a las empresas se utilizó una «supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)» en base a una demanda contra la Argentina «que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable». Por si fuera poco, la demanda ante el tribunal internacional fue formulada por una empresa que había estado vinculada al Grupo Macri y presentada pocos días antes de que el hombre PRO asumiera como Presidente.

El ahora juez jubilado sostuvo que Dietrich e Iguacel, así como Frías, habrían actuado «direccionando toda negociación y contratación» para beneficiar a empresas vinculadas con el Grupo Macri. A Dujovne lo encontró responsable de omitir «intencionalmente intervenir en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscrito y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia».

Ante este panorama, el 26 de junio de 2018 «se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste», remarcóCanicoba Corral. Tal como remarcó Télam, el juez calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA. y procesó a los funcionarios hasta que la situación llegó a manos de Irurzun y Bruglia.

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