El sacerdote Christian von Wernich, condenado a prisión perpetua por su participación en secuestros, torturas y asesinatos durante la última dictadura, pretendía ser trasladado a la cárcel de Devoto para acercarse al papa León XIV. El juez Claudio Silvestri rechazó el pedido al considerar que implicaría flexibilizar las condiciones de cumplimiento de la pena. La decisión se conoce mientras sectores que reivindican a los represores buscan instalar ante el Vaticano un reclamo por su situación carcelaria.
La Justicia volvió a poner un límite a las pretensiones de Christian von Wernich, el excapellán de la Policía bonaerense condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Esta vez, el sacerdote buscaba obtener un traslado desde su lugar de detención hacia la cárcel de Devoto, con el objetivo de encontrarse con el papa León XIV.
El pedido fue rechazado por el juez Claudio Silvestri, quien entendió que autorizar ese desplazamiento supondría una flexibilización injustificada en la ejecución de la condena.
La resolución que se conocio por si difusion en medios periodisticos, se produce en un contexto de renovadas iniciativas de organizaciones que defienden a represores condenados y pretenden conseguir pronunciamientos públicos a favor de sus reclamos.
Un pedido de misericordia que chocó con los límites de la condena
Christian Federico von Wernich cumple prisión perpetua en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Desde allí, el pasado 23 de septiembre, envió una carta al obispo de Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi, para solicitar su intervención ante el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata.
Su intención era conseguir una autorización especial que le permitiera estar presente durante la visita que el papa León XIV tiene prevista a la cárcel de Villa Devoto, en el marco de su viaje a la Argentina, programado entre el 8 y el 11 de noviembre.
En la misiva, el sacerdote apeló a su avanzada edad, a sus dificultades motrices y a los años que lleva privado de la libertad. Presentó el encuentro con el pontífice como una oportunidad de consuelo espiritual.
Sin embargo, la solicitud no obtuvo el acompañamiento institucional que esperaba, desde la Conferencia Episcopal Argentina anticiparon que la Iglesia no respaldaría la gestión.
Ante la ausencia de una intervención efectiva del obispo, la defensa oficial trasladó el pedido a la Justicia.
El argumento del juez: la libertad religiosa no implica un traslado excepcional
La unidad fiscal que interviene en las causas por delitos de lesa humanidad en La Plata se opuso a la solicitud. Finalmente, el juez Claudio Ricardo Silvestri, responsable de la ejecución de la condena, resolvió rechazarla.
El magistrado consideró que el planteo debía analizarse bajo las reglas que regulan las salidas extraordinarias de las personas privadas de la libertad.
Este tipo de autorizaciones suele contemplar circunstancias excepcionales, como enfermedades graves o fallecimientos de familiares cercanos.
En el caso de Von Wernich, el tribunal entendió que no existían fundamentos suficientes para conceder un traslado especial.
La resolución también distinguió dos cuestiones que la defensa había presentado como relacionadas: el derecho a profesar una religión y la posibilidad de asistir personalmente a un acontecimiento religioso determinado.
Para el juez, la libertad de culto debe estar garantizada dentro del establecimiento penitenciario, pero eso no obliga al Estado a trasladar a un condenado cada vez que se desarrolla una actividad religiosa de especial importancia para él.
Von Wernich, además, no había acreditado que se le impidiera practicar su religión en Campo de Mayo.
La decisión constituye una aplicación del principio de igualdad ante la ley: las creencias religiosas merecen protección, pero no generan automáticamente un derecho a recibir beneficios penitenciarios extraordinarios.
El sacerdote que participó del terrorismo de Estado
La historia de Christian von Wernich está atravesada por uno de los capítulos más oscuros de la Argentina.
Durante la última dictadura, se desempeñó como capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo la estructura represiva comandada por el coronel Ramón Camps.
Su condición sacerdotal le permitió ingresar a centros clandestinos de detención y establecer vínculos con personas secuestradas y sus familias.
Lejos de limitarse a ofrecer asistencia espiritual, la Justicia acreditó su participación en delitos cometidos dentro del aparato represivo.
El 9 de octubre de 2007, el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata lo condenó a prisión perpetua por su responsabilidad en siete homicidios, 31 casos de torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad.
Durante el juicio se reconstruyó su intervención en distintos centros clandestinos que integraban el denominado Circuito Camps, entre ellos Arana, la Comisaría Quinta de La Plata, Puesto Vasco y el Pozo de Quilmes.
Los testimonios de sobrevivientes y familiares permitieron establecer cómo la confianza asociada a su investidura religiosa fue utilizada en el contexto de la represión ilegal.
Uno de los episodios más estremecedores involucró a siete personas secuestradas a quienes, junto con sus familias, se les hizo creer que podrían abandonar el país. En realidad, fueron asesinadas.
La sentencia convirtió a Von Wernich en un caso emblemático de la participación de integrantes de la Iglesia católica en el terrorismo de Estado.
La ausencia de arrepentimiento y el derecho de las víctimas
La resolución de Silvestri también tuvo en cuenta la conducta del condenado durante el cumplimiento de la pena.
El juez señaló su falta de colaboración con las evaluaciones correspondientes y la ausencia de acciones orientadas a mitigar el daño provocado por los crímenes en los que participó.
Este punto introduce una dimensión que no puede omitirse cuando se habla de reconciliación.
Las víctimas y sus familiares llevan décadas reclamando información sobre el destino de las personas desaparecidas, la identificación de restos y el esclarecimiento de las responsabilidades dentro del aparato represivo.
Muchos de los condenados por delitos de lesa humanidad conservan conocimientos que podrían contribuir a responder esas preguntas.
El reconocimiento del derecho de una persona detenida a recibir asistencia espiritual no elimina la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas.
Tampoco debería desplazar del centro de la discusión a quienes padecieron las consecuencias de los delitos.
La ofensiva de las organizaciones que defienden a represores
El pedido de Von Wernich no constituye un episodio aislado.
Organizaciones que promueven reclamos a favor de militares y civiles condenados por delitos de lesa humanidad impulsaron una presentación dirigida al nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach.
El objetivo es conseguir que León XIV se pronuncie sobre la situación de los detenidos o mantenga algún tipo de contacto con ellos durante su visita.
Entre los sectores que acompañan la iniciativa aparecen Justicia y Concordia, Cecilia Pando, el Foro de Generales Retirados y otras asociaciones vinculadas con familiares y defensores de represores.
En la comunicación enviada al representante del Vaticano, Von Wernich es presentado principalmente como un sacerdote de avanzada edad que permanece encarcelado.
Según la reconstrucción periodística, la presentación no desarrolla los delitos por los que fue condenado.
Esa omisión resulta políticamente significativa.
No se trata de una persona detenida sin sentencia, sino de un condenado por crímenes de lesa humanidad cuya responsabilidad fue establecida mediante un juicio oral.
El derecho a solicitar asistencia religiosa es legítimo. Otra cuestión es utilizar ese pedido para promover una reinterpretación pública de condenas judiciales firmes sin reconocer la gravedad de los hechos acreditados.
El debate sobre las prisiones domiciliarias
La controversia se produce mientras distintos sectores reclaman ampliar las posibilidades de prisión domiciliaria para condenados por crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con los datos citados publicados, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad registra 73 represores alojados en establecimientos penitenciarios, una parte importante de ellos en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
En paralelo, se discuten criterios médicos y judiciales que podrían incidir en futuras solicitudes de arresto domiciliario.
La edad avanzada o los problemas de salud de una persona detenida deben ser evaluados conforme a la legislación vigente y a sus circunstancias individuales.
Pero los compromisos internacionales asumidos por la Argentina también exigen investigar, juzgar y sancionar efectivamente las graves violaciones de derechos humanos.
Ese equilibrio requiere decisiones judiciales fundadas, sin privilegios automáticos ni restricciones arbitrarias.
La Iglesia y una deuda histórica con la memoria
El caso Von Wernich también vuelve a colocar en discusión el papel de sectores de la Iglesia católica durante la última dictadura.
Mientras numerosos sacerdotes, religiosas y comunidades religiosas acompañaron a las víctimas o sufrieron persecución, otros integrantes de la institución mantuvieron vínculos con las estructuras represivas.
La condena del excapellán bonaerense representa uno de los ejemplos más contundentes de esa participación.
Por eso, la posibilidad de un encuentro con el Papa adquiere un significado que excede el ámbito estrictamente religioso.
Para los organismos de derechos humanos, cualquier gesto institucional hacia un condenado por delitos de lesa humanidad debe considerar el impacto que puede producir sobre sobrevivientes y familiares.
La misericordia, como principio religioso, no es incompatible con la justicia.
Pero tampoco puede confundirse con la eliminación de responsabilidades judicialmente acreditadas.
La reconciliación social no puede construirse mediante el silenciamiento de las víctimas ni mediante la relativización de los crímenes.
A cincuenta años del golpe, la memoria sigue en disputa
En 2026, cuando se cumplen cinco décadas del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las discusiones sobre el terrorismo de Estado siguen ocupando un lugar central en la vida pública argentina.
La decisión judicial sobre Von Wernich llega en un contexto en el que distintos actores políticos y organizaciones disputan el sentido de las políticas de memoria, verdad y justicia.
Los juicios por crímenes de lesa humanidad constituyen una de las experiencias institucionales más importantes de la democracia argentina.
Fueron el resultado de décadas de lucha de sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos, abogados y trabajadores judiciales.
Ese proceso permitió establecer responsabilidades individuales mediante pruebas, testimonios y sentencias.
La condena de Von Wernich forma parte de esa historia.
Su caso recuerda que el terrorismo de Estado no fue ejecutado únicamente por militares uniformados. También contó con la participación de integrantes de otras instituciones que contribuyeron, de diferentes maneras, al funcionamiento del aparato represivo.
La justicia no se opone a la misericordia
La negativa al traslado no implica desconocer los derechos religiosos de Christian von Wernich.
El sacerdote conserva, como cualquier persona privada de la libertad, el derecho a practicar su fe y recibir asistencia espiritual dentro de las condiciones legalmente establecidas.
Lo que la Justicia rechazó fue una excepción que no encontró suficientemente justificada.
La diferencia es esencial para comprender el alcance de la resolución.
La libertad religiosa no exige conceder privilegios penitenciarios, del mismo modo que una condena penal no habilita a desconocer la dignidad humana de quien la cumple.
El fallo del juez Silvestri deja una definición institucional: la condición sacerdotal de Von Wernich no puede colocarlo por encima de las reglas que rigen el cumplimiento de su condena.
A cincuenta años del golpe de Estado, el caso vuelve a recordar que la memoria democrática no se sostiene únicamente en los homenajes o en las conmemoraciones.
También se sostiene en decisiones concretas que preservan el valor de las sentencias, reconocen el sufrimiento de las víctimas y garantizan que los crímenes de lesa humanidad no sean relativizados.
Porque la reconciliación, para ser verdadera, necesita memoria, reconocimiento de responsabilidades y justicia. Y ninguna de esas condiciones puede reemplazarse con un gesto ceremonial.
