La Justicia boliviana rechazó un nuevo pedido de libertad de Fernando Cerimedo, el consultor argentino que trabajó con Javier Milei y otras figuras de la derecha regional. Mientras su defensa anticipa que seguirá intentando excarcelarlo, la detención del fiscal general Roger Mariaca —quien impulsaba investigaciones que involucraban al estratega— alimentó denuncias sobre una posible intervención de Washington. Estados Unidos acusa al fiscal de corrupción y vínculos con el narcotráfico; los denunciantes del consultor sostienen que detrás de esas medidas existe una maniobra para favorecerlo.
Fernando Cerimedo continúa preso en Bolivia, pero alrededor de su celda se libra una batalla que hace tiempo dejó de ser exclusivamente judicial.
El consultor argentino, conocido por su participación en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y por su trabajo con distintas expresiones de la derecha latinoamericana, permanece detenido mientras enfrenta procesos judiciales en Bolivia. Entre ellos figura una causa por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, y otra investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. En septiembre fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
Este martes recibió otra mala noticia.
La Justicia volvió a rechazar un pedido para que recuperara la libertad. Su defensa, sin embargo, anunció que seguirá insistiendo.
Hasta allí podría tratarse de otro capítulo de un expediente penal complejo.
Pero alrededor de Cerimedo comenzaron a moverse piezas mucho más grandes.
El fiscal que investigaba terminó preso
Uno de los acontecimientos que disparó las sospechas fue la caída del fiscal general boliviano, Roger Mariaca.
Mariaca participaba de investigaciones que alcanzaban a Cerimedo. A fines de septiembre, el Departamento de Estado estadounidense le retiró la visa y lo acusó públicamente de corrupción y de haber recibido sobornos para facilitar actividades vinculadas con el narcotráfico y favorecer a personas involucradas en delitos violentos.
El fiscal rechazó esas imputaciones.
Dos días después fue detenido.
La secuencia provocó un terremoto institucional en Bolivia.
El Ministerio Público llegó a denunciar la detención como un “secuestro” y cuestionó el procedimiento mediante el cual fue apartado el funcionario.
Mariaca fue reemplazado interinamente por Luis Montaño Morales.
El episodio instaló inmediatamente una pregunta que todavía atraviesa el caso: ¿Estados Unidos actuó contra un funcionario presuntamente corrupto o su ofensiva terminó beneficiando a un hombre políticamente conectado con la derecha continental?
La respuesta depende de quién cuente la historia.
Washington acusa; Beller denuncia una operación
La posición estadounidense es categórica: Mariaca habría participado de hechos graves de corrupción.
La versión de Nadia Beller es exactamente la contraria.
La abogada, expareja de Cerimedo y denunciante en la causa por presunta tentativa de feminicidio, sostiene que detrás de los acontecimientos existe una estrategia destinada a debilitar las investigaciones contra el consultor argentino.
Según Beller, las acciones contra Mariaca comenzaron precisamente cuando avanzaban expedientes sensibles alrededor de Cerimedo y su entorno. También denunció allanamientos irregulares y expresó temor por la preservación de pruebas.
Se trata de acusaciones que deben ser comprobadas judicialmente.
Pero la cronología convirtió esas sospechas en un problema político.
Estados Unidos sancionó al fiscal.
El fiscal terminó detenido.
Y el principal investigado en algunos de los expedientes que impulsaba ese Ministerio Público busca recuperar la libertad.
Los audios que complicaron a Cerimedo
El escenario se volvió todavía más explosivo con la aparición de grabaciones presentadas públicamente por el vicepresidente boliviano Edmand Lara.
Según Página/12, uno de esos audios atribuidos a Cerimedo contiene una conversación sobre pagos de 15.000 dólares por aeronave y menciones a diferentes pistas del departamento amazónico de Beni. El medio vincula ese material con sospechas sobre vuelos relacionados con narcotráfico.
Las acusaciones son gravísimas y deberán ser establecidas —o descartadas— por la Justicia.
Pero produjeron una paradoja política notable.
Mientras las investigaciones bolivianas comenzaban a explorar posibles conexiones mucho más amplias alrededor del consultor argentino, Estados Unidos avanzó contra uno de los principales funcionarios del Ministerio Público encargado de esas pesquisas.
Ese cruce explica por qué el caso Cerimedo dejó de ser únicamente un expediente policial.
Se convirtió en una disputa internacional.
De Milei a la derecha continental
Cerimedo no es un desconocido dentro de la política argentina.
Participó del dispositivo comunicacional de la campaña presidencial de Milei en 2023 y luego desarrolló actividades de consultoría política en distintos países latinoamericanos. La Casa Rosada, sin embargo, buscó tomar distancia de él después de que estallaran las investigaciones en Bolivia y fuentes gubernamentales afirmaron que hacía años que ya no mantenía vínculos políticos con el Presidente.
Su trayectoria excede a la Argentina.
Cerimedo construyó relaciones con dirigentes y espacios de derecha y ultraderecha de diferentes países, una red política que adquirió especial relevancia con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Por eso su detención produjo repercusiones mucho más allá de Bolivia.
La nueva política hemisférica de Washington
El caso ocurre además en medio de una política estadounidense mucho más agresiva hacia América Latina.
Washington impulsa junto con gobiernos aliados el denominado “Escudo de las Américas”, una articulación regional presentada oficialmente como una estrategia contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado transnacional.
Argentina forma parte de ese esquema.
Tras la detención de Mariaca, los gobiernos integrantes expresaron conjuntamente su respaldo a las acciones adoptadas por las autoridades bolivianas.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió públicamente el rumbo del gobierno boliviano y sostuvo que Washington acompañará las medidas destinadas a enfrentar el narcotráfico y la corrupción.
Para los críticos de esta política, sin embargo, detrás de la retórica de seguridad aparece una vieja tradición latinoamericana: la influencia directa de Estados Unidos sobre las instituciones políticas y judiciales de la región.
Página/12 bautizó esa dinámica como “Doctrina Donroe”, un juego de palabras entre Donald Trump y la histórica Doctrina Monroe.
El fantasma de la Doctrina Monroe
La referencia no es inocente.
La Doctrina Monroe, formulada en 1823 bajo la consigna “América para los americanos”, terminó funcionando históricamente como una de las bases ideológicas utilizadas para justificar la expansión de la influencia estadounidense sobre América Latina.
Dos siglos después, la discusión reaparece bajo nuevas formas.
Ya no necesariamente mediante intervenciones militares abiertas, sino a través de sanciones, cancelaciones de visas, cooperación judicial, agencias antidrogas, intercambio de inteligencia y presión diplomática.
El caso boliviano se convirtió así en un laboratorio de esa disputa.
Washington sostiene que combate redes criminales.
Sus críticos responden que está utilizando su enorme capacidad diplomática y judicial para condicionar gobiernos e instituciones latinoamericanas.
Y en medio de esa pelea aparece Cerimedo.
Nadia Beller, en el centro de otra batalla
Hay además una dimensión del caso que corre el riesgo de quedar sepultada debajo de la geopolítica.
Nadia Beller denunció a Cerimedo por una presunta tentativa de feminicidio.
Página/12 sostiene que, mientras se multiplican las maniobras alrededor de la situación judicial del consultor, también existen intentos de impulsar investigaciones contra la propia denunciante.
Esto obliga a mantener separados dos planos.
Una cosa son las investigaciones sobre narcotráfico, corrupción o enriquecimiento ilícito.
Otra es la causa relacionada con la violencia contra Beller.
La eventual existencia de conflictos políticos alrededor de fiscales o gobiernos no debería borrar la obligación del Estado boliviano de garantizar que esa denuncia sea investigada con independencia y que la denunciante cuente con protección efectiva.
Cerimedo sigue preso
Por ahora existe una realidad concreta: Fernando Cerimedo no consiguió recuperar la libertad.
La Justicia rechazó nuevamente el planteo de su defensa.
Pero sus abogados ya anticiparon que insistirán.
La verdadera incógnita es qué ocurrirá con las investigaciones después del terremoto institucional provocado por la detención del fiscal general.
Porque cambiar un fiscal no significa necesariamente cerrar una causa.
Pero cuando el funcionario que encabezaba determinadas investigaciones termina detenido poco después de ser sancionado por una potencia extranjera, la independencia judicial inevitablemente queda bajo observación.
Una historia que excede a un consultor argentino
El caso Cerimedo contiene demasiados ingredientes para quedar reducido a una causa policial.
Hay un consultor argentino vinculado históricamente con las nuevas derechas latinoamericanas.
Hay una denuncia por presunta tentativa de feminicidio.
Hay investigaciones económicas.
Hay audios que alimentaron sospechas sobre posibles negocios relacionados con vuelos presuntamente vinculados al narcotráfico.
Hay un fiscal general acusado por Estados Unidos y posteriormente detenido.
Hay un gobierno boliviano atravesado por una crisis institucional.
Y hay una Casa Blanca decidida a ejercer nuevamente un liderazgo contundente sobre América Latina.
Por eso la pregunta ya no es solamente qué hizo Fernando Cerimedo.
También importa saber quiénes están dispuestos a protegerlo, quiénes quieren condenarlo, qué intereses atraviesan las investigaciones y hasta dónde puede llegar la influencia de Washington sobre los sistemas judiciales latinoamericanos.
La Justicia boliviana acaba de decidir que Cerimedo debe seguir preso.
Pero alrededor de su libertad se está disputando algo considerablemente más grande: el poder de Estados Unidos, la autonomía de las instituciones bolivianas y el entramado internacional construido durante los últimos años por las nuevas derechas del continente.
Y mientras esa pulseada crece, la cuestión esencial sigue siendo la misma: que las acusaciones contra Cerimedo, contra Mariaca y contra cualquier otro involucrado sean investigadas con pruebas, garantías y jueces independientes.
Porque cuando la geopolítica entra en un expediente penal, la primera víctima puede terminar siendo la verdad.
