El consorcio encabezado por Rowing S.A. se impuso en la licitación para quedarse con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos. La oferta quedó por debajo de las expectativas del Gobierno nacional. La privatización de un servicio esencial reabre el debate sobre las tarifas, las inversiones y el derecho de millones de argentinos al acceso al agua potable.
El Gobierno de Javier Milei dio este jueves un paso decisivo en su política de privatizaciones. Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que abastece de agua potable y servicios cloacales a unos 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires, quedó encaminada a pasar a manos privadas por las próximas tres décadas.
La operación tiene una cifra que resume buena parte de la discusión: 340,2 millones de dólares por el 90% de las acciones de una empresa estratégica. Ese fue el monto ofrecido por el consorcio encabezado por Rowing S.A., que superó la propuesta de su competidor, el Grupo Roggio, y se posicionó como ganador de la licitación.
El resultado, sin embargo, dejó un dato incómodo para el relato oficial: la oferta quedó por debajo de los aproximadamente 500 millones de dólares que el Gobierno esperaba recaudar.
Los nuevos dueños del agua
Detrás de la oferta ganadora aparecen empresarios argentinos, una compañía brasileña especializada en saneamiento y un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos.
El consorcio está encabezado por Rowing S.A., vinculada al empresario Walter Román, y cuenta con la participación de Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, proveedor de productos químicos para la potabilización del agua de AySA desde 2009.
También participa Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al grupo brasileño Equipav, que tendrá un papel central en la operación técnica del servicio. Completa la sociedad PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos.
La otra propuesta, presentada por el consorcio encabezado por Roggio, alcanzó los 285 millones de dólares y quedó relegada frente a la oferta ganadora.
La participación de Transclor introduce, además, un interrogante sobre la futura relación entre la empresa operadora y sus proveedores. Una compañía que ya vende insumos a AySA pasará a integrar el grupo que controla su gestión. Esa circunstancia vuelve especialmente importantes los mecanismos de transparencia y control de las contrataciones.
Una privatización con promesas de inversión
Desde la Casa Rosada presentan la operación como parte de una transformación destinada a reducir la intervención estatal, atraer inversiones y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.
El argumento oficial sostiene que AySA acumuló durante años problemas de financiamiento, pérdidas operativas y dificultades para ampliar la cobertura de agua potable y cloacas.
El Gobierno también cuestiona las transferencias realizadas por el Tesoro Nacional durante las administraciones anteriores. Sin embargo, los datos de 2025 muestran que AySA había registrado un resultado operativo superavitario y no había recibido aportes del Tesoro durante ese ejercicio.
Según las condiciones de la concesión, el nuevo operador deberá realizar inversiones por al menos 2.000 millones de dólares durante los primeros cinco años. Para el conjunto del contrato, las obligaciones de infraestructura se estiman entre 13.000 y 15.000 millones de dólares.
El desafío será comprobar si esos compromisos se traducen efectivamente en obras, mantenimiento, ampliación de redes y mejoras en la calidad del servicio.
La pregunta que preocupa a los usuarios: ¿cuánto costará el agua?
Más allá de los movimientos empresariales, la privatización abre una discusión que afecta directamente a los hogares: el futuro de las tarifas.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento convocó a una audiencia pública para el próximo 26 de octubre, en la que se analizarán modificaciones al régimen tarifario.
Entre las propuestas figura una reducción de once a cinco coeficientes zonales utilizados para calcular las facturas de usuarios sin medidor. El cambio podría producir efectos diferentes según la zona y las características de cada suministro.
El problema de fondo es más amplio. El agua potable no es un producto cualquiera: constituye un servicio indispensable para la salud, la higiene, la alimentación y la vida cotidiana.
Por eso, cualquier esquema de gestión debe resolver una tensión central: cómo garantizar inversiones y sostenibilidad económica sin convertir el acceso a un servicio esencial en una carga imposible para los sectores de menores ingresos.
El regreso de un debate que parecía cerrado
La historia argentina ya conoce las promesas y los conflictos vinculados con la privatización del agua.
Durante la década de 1990, el servicio metropolitano estuvo bajo administración privada mediante Aguas Argentinas. En 2006, el Estado nacional recuperó su control y creó AySA.
Veinte años después, el Gobierno libertario impulsa el camino inverso, con la convicción de que la gestión privada puede ofrecer mejores resultados.
Pero el debate no se agota en una oposición entre lo público y lo privado. La cuestión fundamental es quién garantiza las inversiones, quién controla su cumplimiento, cómo se fijan las tarifas y qué sucede cuando una familia no puede afrontar una factura.
El Estado seguirá teniendo responsabilidades regulatorias, incluso cuando deje de controlar la mayoría accionaria de la compañía.
El negocio y el derecho al agua
La operación también expone una contradicción política que atraviesa el programa económico de Milei.
Mientras el Gobierno reivindica la venta de activos públicos como una herramienta para reducir la presencia estatal, la prestación de agua potable continúa siendo una actividad que necesita planificación de largo plazo, infraestructura costosa y controles permanentes.
El monto de la venta representa un ingreso inmediato para el Estado. Pero el valor social de una empresa de saneamiento no puede medirse exclusivamente por el precio de sus acciones.
Las redes de distribución, las plantas potabilizadoras, los sistemas cloacales y las obras de expansión cumplen una función que trasciende cualquier balance empresarial.
El verdadero resultado de esta privatización deberá evaluarse por su capacidad para garantizar agua segura, extender el servicio a los barrios que todavía no lo tienen y sostener tarifas accesibles.
Treinta años para definir el futuro de un servicio esencial
El nuevo operador tiene previsto asumir entre enero y febrero de 2027. La concesión será por 30 años, con posibilidad de extenderse otros diez.
Las metas establecidas contemplan alcanzar una cobertura del 90% en agua potable y del 75% en saneamiento al finalizar el período inicial.
Son objetivos de largo plazo que deberán enfrentar cambios económicos, crecimiento urbano, demandas ambientales y necesidades sociales.
Para Milei, la privatización de AySA representa una victoria política en su proyecto de achicamiento del Estado. Para los empresarios adjudicatarios, significa ingresar a un negocio estratégico con millones de usuarios y décadas de operación por delante.
Para la sociedad, en cambio, comienza una etapa de incertidumbre y exigencia de garantías.
Porque detrás de los sobres, los millones de dólares y los nombres de los nuevos accionistas hay una realidad mucho más sencilla: millones de personas necesitan abrir una canilla y encontrar agua potable.
La discusión no debería limitarse a quién se queda con AySA, sino a quién garantizará que el agua siga llegando a todos.
