POLÍTICA | EDUCACIÓN PÚBLICA | CONFLICTO UNIVERSITARIO

En medio de una nueva movilización universitaria, el Gobierno nacional volvió a poner bajo la lupa las cuentas de las casas de altos estudios. La SIGEN estableció nuevas exigencias de control para 2027, mientras el Ejecutivo mantiene una disputa judicial para evitar la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. El ajuste presupuestario, la pérdida salarial y la defensa de la autonomía universitaria vuelven al centro del conflicto.

La paradoja parece haberse convertido en una política de Estado: el gobierno de Javier Milei reclama transparencia y rendición de cuentas a las universidades públicas, pero al mismo tiempo se resiste a ejecutar una ley sancionada por el Congreso que busca garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento. En esa contradicción se desarrolla un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el sistema universitario argentino.

Este jueves 15 de octubre, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) oficializó nuevas disposiciones para las auditorías internas de las universidades nacionales. La medida llega en una jornada particularmente sensible: docentes, estudiantes, investigadores y trabajadores no docentes vuelven a movilizarse para exigir que el Gobierno cumpla con la legislación vigente.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 311/2026, publicada en el Boletín Oficial, que establece lineamientos para la planificación y ejecución de auditorías durante 2027. Las universidades deberán presentar sus planes de trabajo antes del 31 de octubre de este año, utilizando el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC).

Auditorías sí, financiamiento no: la contradicción del Gobierno

La nueva normativa dispone que las unidades de auditoría interna deberán elaborar planes de control considerando los riesgos presupuestarios, las contrataciones, la administración del personal, los sistemas informáticos y las rendiciones de fondos públicos.

Desde el Gobierno sostienen que estas herramientas permitirán mejorar la transparencia, fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar una administración eficiente de los recursos estatales.

El problema no radica en la necesidad de controlar el dinero público, una obligación que alcanza a todas las instituciones financiadas por el Estado. La controversia aparece cuando esas exigencias se presentan en un contexto de desfinanciamiento y enfrentamiento político con las universidades.

Porque mientras la administración libertaria reclama controles más rigurosos, continúa resistiendo judicialmente la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El pasado 9 de octubre, el Ejecutivo apeló una resolución judicial que le ordenaba cumplir con disposiciones de esa legislación. El argumento oficial vuelve a apoyarse en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico de Milei.

La discusión, entonces, trasciende los procedimientos administrativos. Lo que está en juego es qué lugar ocupa la educación superior pública dentro de las prioridades del Estado nacional.

Los números del ajuste que golpea a las universidades

Detrás del enfrentamiento político existe una realidad económica difícil de disimular. Los recursos destinados a la educación superior todavía se encuentran considerablemente por debajo de los niveles registrados antes de la llegada de Milei a la Presidencia.

De acuerdo con ese relevamiento, el presupuesto universitario de 2026 registra una caída real del 25,3 por ciento respecto de 2023. Aunque existe una recuperación parcial frente al año anterior, los fondos continúan lejos de los niveles previos al ajuste.

La situación salarial es igualmente preocupante. Los docentes universitarios acumulan una pérdida del poder adquisitivo del 24,2 por ciento respecto de noviembre de 2023. Según las estimaciones publicadas, sería necesario un incremento adicional cercano al 32 por ciento sobre los salarios de septiembre para alcanzar lo previsto por la legislación de financiamiento.

Estos números tienen consecuencias concretas: deterioro de los ingresos docentes, dificultades para sostener equipos de investigación, problemas de infraestructura y crecientes tensiones para garantizar el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

La universidad pública no se sostiene únicamente con discursos sobre la importancia del conocimiento. Necesita presupuesto, salarios dignos y políticas que permitan planificar a largo plazo.

La autonomía universitaria, nuevamente en discusión

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el alcance de la intervención de la SIGEN, organismo que funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo.

La Ley de Educación Superior establece en su artículo 59 bis que el control administrativo externo de las universidades nacionales corresponde directamente a la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo vinculado al Congreso.

Las universidades, además, cuentan con mecanismos propios de auditoría interna. Por lo tanto, no es correcto afirmar que las casas de altos estudios carecen de controles sobre sus recursos.

El Gobierno sostiene que la intervención de la SIGEN en materia de control interno resulta compatible con la autonomía universitaria. Esa interpretación fue respaldada por un dictamen de la Procuración del Tesoro de octubre de 2024 y aparece expresamente citada en la nueva resolución.

Sin embargo, el debate institucional permanece abierto: hasta dónde puede llegar la supervisión del Ejecutivo sin afectar la independencia administrativa y académica de las universidades.

La autonomía universitaria constituye una conquista histórica del sistema educativo argentino. No significa ausencia de controles, sino la posibilidad de que las instituciones desarrollen sus funciones sin quedar subordinadas a los intereses políticos circunstanciales del gobierno de turno.

Una nueva marcha para defender la educación pública

La publicación de las nuevas disposiciones coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre.

La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organizaciones gremiales, tiene como principal reclamo el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto también se trasladó a los tribunales. Ante el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la actualización salarial y las becas estudiantiles, la Justicia federal dispuso una multa diaria de 100 mil pesos contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La controversia evidencia que el enfrentamiento ya no se limita a una discusión presupuestaria entre el Ministerio de Economía y las universidades. También involucra la relación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.

El conocimiento no puede convertirse en una variable de ajuste

El gobierno de Milei insiste en presentar el equilibrio fiscal como una condición indispensable para estabilizar la economía. Desde esa perspectiva, las universidades deben administrar sus recursos con criterios de eficiencia y someterse a mecanismos de control.

Pero el desafío de administrar correctamente los fondos públicos no puede separarse de otra responsabilidad igualmente importante: garantizar que las instituciones dispongan de recursos suficientes para cumplir sus funciones.

Una universidad puede presentar balances ordenados y, aun así, enfrentar dificultades para pagar salarios, sostener laboratorios o financiar investigaciones. La transparencia administrativa es necesaria, pero no reemplaza una política de financiamiento educativo.

En un país que históricamente encontró en la universidad pública una herramienta de movilidad social, desarrollo científico y formación profesional, el debilitamiento presupuestario tiene consecuencias que van mucho más allá de las aulas.

La discusión tampoco se reduce a defender una partida presupuestaria. Involucra la capacidad de la Argentina para producir conocimiento, formar profesionales y desarrollar soluciones propias frente a sus problemas económicos, sanitarios, tecnológicos y sociales.

En definitiva, nadie debería estar por encima de los controles del Estado, tampoco las universidades. Pero tampoco debería estarlo el propio Poder Ejecutivo frente a las leyes sancionadas por el Congreso y las decisiones judiciales.

La pregunta que sobrevuela este nuevo capítulo del conflicto universitario es tan sencilla como incómoda: si el Gobierno exige que las universidades rindan cuentas por cada peso que reciben, ¿quién le exige al Gobierno que rinda cuentas por los recursos que la ley le ordena garantizar?

Porque defender la universidad pública no significa rechazar las auditorías. Significa exigir transparencia, autonomía y financiamiento suficiente. Tres condiciones que deberían complementarse y no utilizarse como armas de una disputa política.

Y porque, al final, un país que ajusta sistemáticamente sobre sus universidades no solamente reduce gastos: también compromete una parte de su futuro.