Un relevamiento del Observatorio de Tierras detectó que una inmobiliaria promocionó campos patagónicos entre compradores extranjeros durante el período en que quedaron sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras. La oferta incluía casi 3.000 hectáreas en Chubut, con un lago privado y acceso a un río. Mientras crecen los pedidos de explicaciones, el Gobierno de Javier Milei busca preservar el DNU 70/2023 y prepara nuevas iniciativas para atraer capitales extranjeros.
Durante diez días, entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, la Argentina atravesó una situación jurídica excepcional: las restricciones establecidas por la Ley de Tierras para la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros quedaron temporalmente sin efecto. Ese breve período alcanzó para que aparecieran ofertas inmobiliarias dirigidas a compradores internacionales sobre territorios que, bajo las limitaciones anteriores, podían estar sujetos a prohibiciones.
La situación fue detectada por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores vinculados con la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, que identificó publicaciones comerciales de una inmobiliaria rural que ofrecía propiedades de gran extensión en la Patagonia.
El episodio abrió interrogantes sobre las consecuencias concretas de las decisiones judiciales que afectaron la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011 para establecer límites a la extranjerización de tierras rurales.
También reactivó una discusión que atraviesa la política argentina desde hace décadas: quién puede adquirir grandes extensiones del territorio nacional y qué mecanismos tiene el Estado para proteger sus recursos estratégicos.
Casi 3.000 hectáreas, un lago y 16 kilómetros de costa
La propiedad que llamó la atención de los investigadores se encuentra en Alto Río Pico, provincia de Chubut.
Se trata de un campo de 2.943 hectáreas, promocionado con un lago privado y aproximadamente 16 kilómetros de costa sobre un río.
La oferta fue difundida por una firma que utilizaba el nombre de Loma Alta Propiedades, mediante publicaciones en redes sociales y plataformas inmobiliarias.
Lo llamativo no fue únicamente la magnitud del terreno, sino el momento elegido para ofrecerlo.
Según el relevamiento, la cuenta de Instagram de la inmobiliaria fue creada tres días antes de la decisión judicial que abrió el período sin restricciones. Apenas un día después del fallo comenzaron a publicarse las ofertas, tanto en español como en inglés.
El 3 de octubre, la firma difundió nuevos mensajes orientados a captar el interés de compradores extranjeros.
La secuencia temporal despertó sospechas entre los investigadores, aunque no constituye por sí sola una prueba de que los responsables de las publicaciones hubieran recibido información privilegiada.
La investigación tampoco pudo confirmar si las propiedades ofrecidas llegaron a venderse.
Una inmobiliaria con interrogantes sobre su identidad
El Observatorio también detectó inconsistencias respecto de la identidad comercial de la firma que promocionaba los terrenos.
De acuerdo con el relevamiento, Loma Alta Propiedades no aparecía inscripta bajo esa denominación.
En publicaciones de Zonaprop figuraba como responsable de las operaciones el corredor inmobiliario Martín Gough, identificado con la matrícula número 71.
Los investigadores encontraron su nombre en una publicación del Boletín Oficial de Chubut del 29 de octubre de 2025, vinculado con Ameghino 830 Propiedades, junto con Jorge Alberto Vernengo y Julieta Vernengo.
Estos datos llevaron al Observatorio a plantear interrogantes sobre la estructura comercial detrás de las ofertas.
Otro elemento que llamó la atención fue que algunas publicaciones comenzaron a desaparecer después de que los investigadores realizaran el relevamiento.
Sin embargo, estos indicios no permiten afirmar que haya existido una operación ilegal ni atribuir responsabilidades sin una investigación adicional.
La Corte Suprema y una ventana de diez días
El origen de la controversia se encuentra en las decisiones judiciales relacionadas con la derogación de la Ley de Tierras mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
La norma había establecido límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Entre sus disposiciones se encontraban restricciones sobre la proporción del territorio que podía quedar bajo titularidad extranjera y prohibiciones específicas vinculadas con grandes extensiones y determinados cuerpos de agua.
La derogación impulsada por Milei provocó cuestionamientos judiciales y políticos.
Una decisión procesal de la Corte Suprema generó un período durante el cual las restricciones quedaron sin efecto. Posteriormente, otra resolución judicial modificó nuevamente la situación.
El resultado fue una ventana de diez días que abrió interrogantes sobre las operaciones inmobiliarias que pudieron haberse concretado durante ese intervalo.
El principal problema es determinar si se realizaron compraventas que, bajo la legislación restrictiva, no habrían sido autorizadas.
También será necesario establecer qué efectos jurídicos podrían tener esas operaciones si efectivamente fueron escrituradas.
Un pedido de informes para saber qué ocurrió
Frente a la controversia, el diputado nacional Sebastián Galmarini presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo.
La iniciativa busca que el Gobierno explique qué ocurrió con los mecanismos de control durante el período comprendido entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre.
El legislador solicitó conocer si el Registro Nacional de Tierras Rurales suspendió la emisión de certificados o dejó de recibir solicitudes de autorización.
También pidió determinar si se informó a escribanos y registros inmobiliarios que los controles habituales ya no resultaban exigibles.
Otro punto central consiste en identificar las operaciones efectivamente escrituradas o inscriptas durante esos días.
La investigación parlamentaria pretende establecer si alguna compraventa superó los límites previstos por la Ley de Tierras, involucró cuerpos de agua o afectó zonas de seguridad de frontera.
El pedido incluye especial atención sobre territorios de alto valor estratégico, como los salares del norte argentino, el acuífero Guaraní y los lagos y cuencas de la Patagonia.
La respuesta oficial será fundamental para determinar si el período sin restricciones produjo cambios concretos en la titularidad de tierras rurales.
El Gobierno busca salvar el DNU 70
La controversia coincide con una semana decisiva en el Congreso.
La oposición intenta avanzar en la Cámara de Diputados con el rechazo del DNU 70/2023, una de las principales herramientas del programa de desregulación económica de Javier Milei.
El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024. Para que pierda vigencia en su conjunto, también debe ser rechazado por Diputados.
Frente a esa posibilidad, el oficialismo busca una salida legislativa que permita preservar el resto del decreto.
Este miércoles 14 de octubre, a las 16, está previsto un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación Penal para discutir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La iniciativa contempla modificaciones vinculadas con las restricciones a la compra de tierras por extranjeros.
El Gobierno pretende ofrecer una alternativa que permita restablecer determinadas limitaciones sin necesidad de derogar todo el DNU.
La estrategia también apunta a conseguir el respaldo de legisladores que cuestionan la eliminación de la Ley de Tierras, pero no necesariamente están dispuestos a rechazar el conjunto de las reformas oficiales.
Ciudadanía por inversión: el nuevo debate
Mientras se desarrolla la discusión parlamentaria, el Ministerio de Economía anunció avances en el Programa de Ciudadanía por Inversión.
La iniciativa contempla mecanismos para acceder a la ciudadanía argentina mediante determinados compromisos económicos.
Según la información oficial difundida sobre el programa, las alternativas previstas incluyen un aporte directo no reembolsable al Tesoro Nacional de 350.000 dólares o la suscripción de un título público especialmente creado por 800.000 dólares.
El Gobierno prevé comenzar a recibir solicitudes durante el último trimestre de 2026.
La propuesta abrió un nuevo debate sobre los criterios para otorgar la ciudadanía y las consecuencias que podría tener sobre el acceso de inversores extranjeros a determinados activos.
Desde sectores opositores advierten que el programa podría facilitar la adquisición de tierras mediante personas que obtengan la ciudadanía argentina a través de inversiones.
Sin embargo, para evaluar ese riesgo será necesario conocer las condiciones definitivas de implementación y su relación con las restricciones legales aplicables a la propiedad rural.
La ciudadanía, además, no equivale automáticamente a la autorización para realizar cualquier operación inmobiliaria.
La tierra, mucho más que una mercancía
La discusión sobre la extranjerización de tierras no se reduce a una controversia entre propietarios y compradores.
En territorios como la Patagonia, la Puna y otras regiones del país, las grandes extensiones rurales pueden incluir fuentes de agua, bosques, áreas de valor ambiental y espacios vinculados con actividades productivas tradicionales.
Por eso, la regulación de la propiedad rural involucra cuestiones económicas, ambientales y territoriales.
Quienes defienden la apertura del mercado sostienen que la llegada de capitales extranjeros puede impulsar inversiones y aumentar el valor productivo de los inmuebles.
Sus críticos advierten que una liberalización sin controles suficientes puede favorecer la concentración de tierras y dificultar el acceso a recursos estratégicos.
Ambas posiciones forman parte de una discusión más amplia sobre el papel del Estado en la administración del territorio.
En ese contexto, la transparencia de las operaciones y la existencia de registros confiables resultan indispensables.
Diez días que todavía necesitan explicaciones
El relevamiento del Observatorio de Tierras no demuestra que se hayan concretado ventas irregulares, pero aporta información sobre ofertas comerciales difundidas durante un período excepcional.
La creación de una cuenta inmobiliaria antes del fallo, la publicación inmediata de terrenos de gran extensión y la orientación hacia compradores extranjeros constituyen elementos que justifican profundizar el análisis.
El pedido de informes presentado en el Congreso podría aportar datos para conocer si hubo operaciones efectivamente registradas y cuáles fueron sus características.
Mientras tanto, la disputa por el DNU 70 continúa abierta y el Gobierno busca evitar que la discusión sobre la Ley de Tierras comprometa la vigencia de otras reformas económicas.
La pregunta que queda pendiente es qué ocurrió realmente durante esos diez días. Porque una cosa es ofrecer tierras y otra muy distinta es concretar su venta. Establecer si hubo operaciones, quiénes participaron y bajo qué condiciones será fundamental para conocer las consecuencias de aquella breve apertura del mercado inmobiliario rural.
